martes, 17 de febrero de 2009

ASPECTOS SOCIALES


Tuvimos la oportunidad de trabajar aspectos sociales reivindicativos que favorecen a las clases más desprotegidas; en ese contexto, logramos de Cajanal la liquidación de pensiones sustitutivas que se encontraban sin trámite, debido a la carencia de recursos y obsolescencia de los sistemas de liquidación.

En el Plan de Desarrollo, rechazamos vehementemente las medidas atentatorias propuestas por el Gobierno contra la seguridad alimentaria del sector más necesitado del pueblo colombiano, como el hecho de querer imponer impuesto del IVA al pan, producto indispensable en la alimentación del colombiano. Derrotamos esa iniciativa y nos comprometemos a estar vigilantes contra propuestas de este tenor.

Nos ha preocupado la situación del desplazamiento forzado en Colombia, de los secuestrados y de la violación de los derechos humanos. La situación de los desplazados en Colombia ha conllevado a una crisis humanitaria sin precedentes para el Estado Colombiano, pero es aún más grave en regiones como Nariño, por su situación de abandono del poder central y por la presencia de grupos al margen de la ley.

Rechazamos el secuestro de la población civil y de los militares. Condenamos el reclutamiento forzado de tantos colombianos, especialmente el de la niñez. Buscamos y defendemos la paz a través del Acuerdo Humanitario. Repudiamos la guerra y todas las expresiones de violencia. Nos congratulamos con la recuperación de la libertad de líderes políticos y militares; esperamos que la libertad sea para todos, sin distingos de clases ni privilegios.

En diferentes intervenciones, en el Recinto de la Plenaria de la Cámara de Representantes, hicimos conocer los momentos de zozobra por los cuales atraviesa la comunidad Awa del Departamento de Nariño, que en los últimos años ha sufrido los embates de la guerra al ver, con impotencia, cómo son asesinados sus líderes y dirigentes, mientras otros tantos son obligados a abandonar sus tierras.

Como parte del trabajo académico y del compromiso con la comunidad indígena AWA realizamos la investigación que condujo a la estructuración del Primer Diccionario Awa, cuya publicación se pudo realizar con la contribución de importantes instituciones nacionales e internacionales.

Además, aunados con la Defensoría del Pueblo, hemos procurado estar en defensa de los más desarraigados no solo del departamento de Nariño, sino de todos aquellos compatriotas que han tenido que dejarlo todo a causa de las fuerzas violentas, a las que a diario tienen que verse enfrentados.

Consideramos de vital importancia el tema del agua y saneamiento básico; por ello nos satisfacen las iniciativas que proponen considerar el agua como derecho fundamental; así se planteó en el foro realizado en la ciudad de Pasto.

Nos preocupa la contaminación del río Bogotá y su influencia directa en el río Magdalena. Esta situación es igual a la que vivimos muchos colombianos con ríos contaminados que surcan ciudades importantes como Pasto.

A pesar de nuestra convicción de favorecer a las empresas públicas del Estado, consideramos que el caso de CEDENAR es una empresa privada con el rótulo de empresa pública al servicio de sectores burocratizados, razón por la cual brinda servicios deficientes a la comunidad. Somos partidarios de que prime el interés general; por consiguiente, pensamos que la idea de vender CEDENAR podría ser considerada, para que sus ingresos sean racionalmente utilizados en el Departamento y la nueva empresa pueda brindar un servicio con calidad y con tarifas razonables.

Los servicios públicos en Nariño, especialmente de fluido eléctrico y telecomunicaciones, son deficientes y se presentan constantes abusos en su prestación a la comunidad. Al respecto, en la ciudad de Pasto realizamos el foro sobre servicios públicos con la participación de líderes cívicos y comunitarios, la Personería Municipal y la Superintendencia de Servicios Públicos. Las conclusiones de este foro demostraron los atropellos que se cometen con la ciudadanía en la imposición de cargos fijos, tarifas mínimas, revisión de medidores y contadores con la finalidad de incrementar tarifas.

En relación con el Sistema de Protección al Usuario de los servicios públicos realizamos un trabajo legislativo permanente, buscando el beneficio para el usuario y rechazando cualquier posibilidad de creación de entes burocráticos que empeoren la situación del pago de servicios públicos.